En la provincia de Alicante hay 36 centros vinculados a la patronal y varias empresas que prestan servicios de ayuda a domicilio

  

Más de 5.000 alicantinos en situación de dependencia podrían quedarse sin atención profesional socio-sanitaria como consecuencia del cierre de las empresas que prestan estos servicios en la provincia como consecuencia de la deuda de la Administración Pública con el sector, según ha señalado hoy la gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Mª José Mira.

 

La representante de la patronal autonómica de la Dependencia ha explicado que la situación de las empresas es crítica ante los continuos retrasos en los pagos por parte de la Generalitat Valenciana y los consistorios municipales, que ya ha generado una deuda de 75 millones de euros que soportan las empresas y trabajadores de éstos centros

 

En la provincia de Alicante, los 36 centros vinculados a la patronal y las empresas que prestan Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) soportarían alrededor de unos 25 millones de euros del total de la deuda autonomía, si bien, el mayor problema es que se carece un calendario de pago, así como de la garantía de que este agujero no se hará mayor en los próximos meses.

 

En este sentido, desde la patronal se ha advertido que hay muchas empresas que ya no pueden pagar los sueldos ni la seguridad social, o que han tenido que empezar a pagar sólo el 50% de las nóminas a los trabajadores, ante la necesidad de mantener en activo las instalaciones y los servicios a los dependientes que asisten, ya que, de otra forma, éstos quedarían abandonados y perderían un derecho adquirido por ley como consecuencia de la inoperancia de la Administración Pública.

 

Del mismo modo, la Gerente de Aerte, junto con los representantes de los familiares y trabajadores, ha reclamado la atención especial sobre los centros que atienden a enfermos mentales y discapacitados en la Comunidad Valenciana al encontrarse en riesgo inminente de cierre, lo que supondría que un millar de enfermos mentales y discapacitados se quedasen en la calle antes de Navidad. Concretamente, la deuda con los centros que atienden a este colectivo se cifra en cerca de 13 millones de euros, con partidas sin abonar desde 2007.

 

La concentración celebrada hoy en Villena, cuarta consecutiva en la Comunidad Valenciana, forma parte de los paros patronales convocados por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que comenzaron el pasado 3 de noviembre, y que pretenden trasladar a la sociedad la situación real de los dependientes en España con los que la Administración tiene una deuda global de casi 1.300 millones de euros.

 

 

 

COMUNICADO AERTE.- Parón patronal ante la deuda que mantiene la Administración Pública con el sector de empresas socio-sanitarias que atienden enfermos mentales y discapacitados.

 

Leído por la Gerente de Aerte, Mª José Mira.

 

Estimados amigos y amigas,

 

Hoy, una vez más, nos concentramos ante las puertas de un centro socio-sanitario para protestar por la situación actual del sector socio-sanitario.

 

Una situación provocada por la deuda de la Administración Pública con los dependientes y los Centros que les prestan servicios profesionales. Seguimos sin respuesta y cada día que pasa la situación es más desesperada para las personas en situación de dependencia, los trabajadores que las atienden y los centros en los que son atendidas.

 

Hoy, queremos centrar nuestras reivindicaciones en la situación que viven más de 6.000 familias en la provincia de Alicante que tienen una persona en situación de dependencia, así como en los 36 centros y cerca de 3.000 trabajadores del sector vinculados a la patronal, que están realizando una labor social indispensable, y que no han dejado de realizarla a pesar de la cuantiosa deuda por parte de la Generalitat.

 

Queremos hoy, recordar también a aquellos que peor lo están pasando; Las personas con enfermedad mental y los discapacitados.

 

La deuda de la Administración ha llevado a éstas empresas al borde de la quiebra por los impagos del Consell. Una deuda que asciende a casi 13 millones de euros sólo en lo referido a las personas con enfermedad mental y discapacidad en nuestra autonomía, superando ya lo 75 millones de euros si hablamos de todo el sector de la Comunidad Valenciana.

 

Si estos Centros y empresas quiebran, quiebra también el sistema de atención socio-sanitaria, quiebra el estado del bienestar, quiebra la atención y rehabilitación a personas con trastornos mentales graves que necesitan esa atención y servicios … quiebra, en definitiva, el derecho a disfrutar de los mismos derechos básicos que otro ciudadano.

 

La sociedad no es consciente de que la pérdida de plazas residenciales afecta no sólo a sus usuarios, que se quedarían en la calle, sino también a familiares y trabajadores. Y todo por la despreocupación de la Administración. La situación desesperada del sector ha provocado ya el cierre de empresas -9 hasta el momento en nuestra autonomía-; y la pérdida de puestos de trabajo directos, alrededor de 400 el pasado año.

 

Si las palabras no se convierten en hechos, el sector socio-sanitario entrará en una situación crítica que provocaría el cierre de 200 empresas, así como la pérdida de 13.000 puestos de trabajo y, lo que es más grave, que cerca de 25.000 familias, con uno o varios dependientes atendidos en esta red, perderían su derecho legal a la atención por su dependencia.

 

Hoy, estamos juntos de nuevo empresarios, profesionales del sector, dependientes y familiares para reclamar nuestro derecho a una atención profesional y de calidad. A que se nos tenga en cuenta y se nos respete como ciudadanos, como seres humanos.

 

Y no sólo luchamos, y reivindicamos el pago de la deuda, por nuestros familiares y amigos, sino también por aquellos que no tienen voz propia; las personas con enfermedad mental tuteladas por la propia Generalitat, ingresados en nuestros centros, y a los que no se ha abonado nada este año y que cuentan con deuda de algunas partidas desde 2007.

 

Hablamos de cerca de 300 dependientes tutelados por la Administración que no tienen a nadie.

 

La desprotección a la que se han visto abocados estas personas y la importante deuda de la Administración con los centros socio-sanitarios que se están haciendo cargo de ellos, sólo en el ejercicio 2010 ya superaba los 2 millones de euros, nos ha dejado en una situación desesperada.

 

Si esto continua, antes de Navidad puede que ellos se encuentren en la calle, junto con cerca de un millar de personas con enfermedad mental, 500 trabajadores y una docena de empresas.

 

Hoy, no queremos olvidarnos del drama que supone que la Administración deba a los dependientes cerca de 1.300 millones de euros en toda España, 75 de ellos en nuestra Comunidad.

 

Pero hoy, queremos que la sociedad entienda y sepa que, si empiezan los cierres de Centros, las personas con enfermedad mental y/o discapacidad son los primeros de la lista.

 

Y que, mientras otros disfrutan de las fiestas navideñas, las personas con enfermedad mental y/o discapacidad estarán en la calle, desatendidos, abandonados, con menos derechos sociales, como consecuencia de la despreocupación de nuestros gobernantes.

 

Hoy, empresarios, trabajadores, dependientes y familiares nos reunimos a las puertas de este centro, como ocurre en tantos otros en España, para reivindicar una solución; El pago de las ayudas y servicios prestados. Y la atención profesional a la que tenemos derecho reconocido por Ley.

 

Gracias a todos los que nos apoyan, a los que están hoy aquí.

 

Gracias a los trabajadores y empresarios que siguen en su puesto, que siguen luchando por seguir abiertos a pesar de la situación desesperada en la que nos ha puesto la Administración.